La familia Urquiza Fernández presentó ante la Presidencia de la República una denuncia por un presunto esquema para tomar el control de 269 hectáreas y derechos de agua en Huimilpan, Querétaro, señalamiento que involucra al exgobernador Francisco Domínguez Servién.
Los afectados sostienen que habrían sido utilizados fideicomisos y procedimientos judiciales para presionarlos.
Pamela Urquiza, integrante de la familia, y su abogado, Rodrigo Madero, señalaron que los terrenos fueron incorporados a operaciones vinculadas con la empresa MFJ Campestre, S.A. de C.V. Según su versión, los contratos contendrían cláusulas que permitirían asumir el control de los predios y hasta 80 por ciento de sus utilidades.
Los denunciantes calificaron la estructura como un “Cártel Inmobiliario” y acusaron a la Fiscalía General del Estado de Querétaro de intervenir mediante carpetas de investigación, cateos y acciones que, aseguran, habrían buscado presionar a la familia y a sus representantes legales.
“Se está utilizando el aparato de procuración de justicia para criminalizar una defensa que corresponde al ámbito civil”, sostuvo Madero durante una conferencia de prensa.
La denuncia fue registrada ante Presidencia con el folio SACP20260211000003968, mientras diversos procedimientos permanecen en trámite.
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Francisco Domínguez y el proceso judicial
El caso también ha tenido avances en tribunales federales. Un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Pamela y Julián Urquiza, con lo que fue invalidada la vinculación a proceso relacionada con la disputa por los terrenos.
Asimismo, continúan en trámite recursos contra cateos realizados entre finales de 2025 y principios de 2026, además del juicio civil 1809/2023, relacionado con la nulidad de la donación de los predios.
La familia también señaló al gobernador Mauricio Kuri por mantener cercanía política con su antecesor, acusación que forma parte de sus señalamientos y no de una resolución judicial.
Hasta ahora, las imputaciones contra Domínguez Servién corresponden a denuncias de los afectados. El expediente permanece sujeto a procedimientos judiciales y a la revisión de las autoridades competentes.
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