La Cámara de Diputados aprobó en comisiones el dictamen para crear una nueva Ley de Aguas, tras una sesión marcada por protestas de productores agrícolas y fuertes desacuerdos entre bancadas.
El documento, enviado ahora a la Mesa Directiva para su discusión inmediata en el pleno, representa uno de los proyectos más relevantes en materia hídrica de los últimos años.
De acuerdo con el dictamen, la nueva Ley de Aguas también contempla reformas a la legislación vigente, con el objetivo de fortalecer la gestión del recurso y atender conflictos que se han intensificado en diversas regiones del país.
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El avance legislativo fue realizado en menos de dos horas, un ritmo que fue criticado por legisladores de oposición, quienes acusaron a la mayoría parlamentaria de acelerar el proceso sin escuchar todas las voces involucradas.
La sesión se llevó a cabo en el Patio Norte de la Cámara de Diputados, donde campesinos montaron un cerco con tractores desde tempranas horas, exigiendo ser considerados en la redacción final de la Ley de Aguas.
Se reportó que el ambiente se tornó tenso cuando legisladores del PRI increparon a diputados de Morena, PT y PVEM al momento de emitir su voto, lo que evidenció la creciente polarización en torno al tema.
Inquietudes de productores y ajustes en la Ley de Aguas
Entre los principales puntos de desacuerdo se encuentra la interpretación de los artículos 22 y 49, relacionados con la transmisión de derechos de uso del agua.
Francisco Pelayo, legislador del PAN, advirtió que la nueva Ley de Aguas podría generar incertidumbre jurídica, ya que “no se especifica claramente la forma en que los productores podrán gestionar transferencias internas en los distritos de riego”.
Su intervención subrayó que el presupuesto previsto para aplicar la norma “no corresponde a la magnitud del cambio estructural”.
En respuesta, Oscar Bautista, diputado del PVEM, aseguró que la Ley de Aguas mantiene el principio de que las concesiones no pueden transferirse a particulares, pero respeta el vínculo agua–tierra establecido para los productores.
La postura oficial sostiene que dichos ajustes fueron incorporados tras diversos encuentros con sectores agrícolas, aunque representantes campesinos aseguran que sus propuestas no han sido plenamente integradas.
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