La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la libertad de expresión debe colocarse por encima de cualquier otro criterio jurídico cuando se analizan procesos vinculados al ejercicio periodístico, al referirse al Caso Rafael León Segovia y a otros expedientes abiertos en fiscalías estatales.
Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum subrayó que, si bien las fiscalías son órganos autónomos, su gobierno mantiene una postura clara frente a investigaciones que involucran a comunicadores.
El Caso Rafael León Segovia, periodista veracruzano, fue citado como ejemplo de la preocupación existente en el gremio, luego de que se desestimara el delito de terrorismo, pero se mantuviera una imputación por presunto encubrimiento.
El tema fue abordado en un contexto más amplio, donde Sheinbaum enfatizó que los derechos fundamentales deben ser protegidos por el Estado mexicano.
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Caso Rafael León Segovia
Durante su intervención, Sheinbaum explicó que el Caso Rafael León Segovia se suma a otros procesos abiertos contra periodistas en Puebla y Michoacán; estos expedientes han sido analizados por organizaciones civiles, al considerar que podrían sentar precedentes negativos para la libertad de prensa.
Señaló que, cuando el trasfondo es informativo, la libertad de expresión debe ser privilegiada.
Algunas investigaciones han sido cuestionadas por su impacto en el ejercicio periodístico. En ese sentido, fue reiterado que el Caso Rafael León Segovia será observado con atención desde el ámbito federal, aunque sin interferir en las decisiones de las fiscalías locales, conforme al marco legal vigente.
Protección a periodistas y postura de Sheinbaum
Sheinbaum informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación para que el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pueda acercarse a quienes lo soliciten, incluido el Caso Rafael León Segovia.
Dicho acompañamiento fue planteado como una medida preventiva ante posibles riesgos derivados de procesos judiciales.
La presidenta Sheinbaum puntualizó que, si un periodista incurre en un delito común, debe responder ante la ley; sin embargo, cuando el núcleo del Caso Rafael León Segovia y de otros asuntos es la libertad de expresión, esta debe prevalecer.
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