En Querétaro, una iniciativa legislativa busca tipificar la cohabitación forzada como delito, con el objetivo de cerrar vacíos legales que han permitido la persistencia de prácticas que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes.
La propuesta fue presentada por legisladores del Partido Acción Nacional y es encabezada por la diputada Leonor Mejía Barraza, presidenta de la Comisión de la Familia y los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
- De acuerdo con datos de Save the Children y del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, más de 313 mil menores de entre 12 y 17 años viven en uniones tempranas en México, de los cuales 76% son niñas.
Estas cifras han sido citadas como sustento para la creación del tipo penal de cohabitación forzada, el cual no existe actualmente en el Código Penal del estado.
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Leonor Mejía Barraza expone el alcance legal de la cohabitación forzada
La iniciativa, explicó Leonor Mejía Barraza, contempla la adición del capítulo denominado Cohabitación Forzada y del artículo 169 Bis. En él se establece que será sancionada cualquier persona que obligue, induzca o gestione que otra viva en una relación equiparable al matrimonio.
La cohabitación forzada sería castigada con penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.
Se precisó que como víctimas serán consideradas las personas menores de 18 años o aquellas que no tengan la capacidad de comprender o resistir el acto; además, la sanción será incrementada cuando la cohabitación forzada sea cometida por familiares o personas con vínculo de afinidad.
Contexto social y necesidad de la reforma
Según Leonor Mejía Barraza, la ausencia de un marco jurídico específico ha provocado que la cohabitación forzada permanezca invisibilizada y que la intervención del Estado sea limitada.
Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, estas uniones informales persisten, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.
La reforma plantea que el fenómeno sea reconocido y sancionado, con lo cual se busca fortalecer la protección de derechos y enviar una señal clara contra la cohabitación forzada.
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