La propuesta de Vivienda Popular en Querétaro fue respaldada por la agrupación legislativa local, encabezada por diputados de Morena y coordinada por el diputado federal Luis Humberto Fernández, con el objetivo de reactivar un segmento prácticamente ausente del mercado inmobiliario estatal.
La iniciativa fue dada a conocer como un llamado conjunto a municipios metropolitanos y desarrolladores privados.
De acuerdo con los legisladores, la Vivienda Popular es viable si se introducen incentivos fiscales y administrativos que permitan reducir costos sin comprometer la rentabilidad básica del sector.
La propuesta fue construida, según se informó, como una alternativa ante el acelerado encarecimiento del suelo y la oferta limitada para los deciles de menores ingresos.
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Vivienda Popular y rezago habitacional en Querétaro
El planteamiento en materia de Vivienda Popular incluye cuatro ejes: utilidades socialmente responsables, exención del traslado de dominio para inmuebles de hasta 200 UMAs, toma de agua gratuita y reducción al 20% en gastos notariales.
Estas medidas buscan reactivar la producción de Vivienda Popular, que prácticamente dejó de desarrollarse desde la década de 2010.
Datos expuestos por Luis Humberto Fernández indican que en 2025 menos del 5% de la vivienda construida en Querétaro correspondió a Vivienda Popular, con apenas alrededor de 200 unidades registradas.
Esta situación ha sido agravada por el crecimiento demográfico, que pasó de un millón de habitantes hace 20 años a cerca de 2.5 millones en la actualidad.
Luis Humberto Fernández y el llamado al sector inmobiliario
Durante la presentación, Luis Humberto Fernández subrayó que más de 40,000 familias con crédito INFONAVIT no pueden ejercerlo por falta de oferta de infraestructura habitacional; la problemática, se afirmó, ha sido generada por un mercado enfocado en vivienda media y residencial, donde los incentivos han sido concentrados.
La propuesta plantea una corresponsabilidad entre gobiernos municipales y desarrolladores. Fue señalado que la política pública debe ser ajustada para equilibrar crecimiento económico con desarrollo social, especialmente en un estado considerado entre los más caros del país en vivienda.
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