La Human Rights Watch (HRW) advirtió que miles de migrantes deportados desde Estados Unidos hacia México enfrentan condiciones de vulnerabilidad, violencia y falta de acceso a servicios básicos, particularmente en estados del sur del país donde operan grupos criminales.
En un informe publicado este miércoles, la organización señaló que cerca de 13 mil personas de distintas nacionalidades han sido expulsadas durante la administración del presidente Donald Trump.
El reporte se basa en más de 50 entrevistas realizadas en Tapachula y Villahermosa.
Según el documento, muchos de los deportados son personas mayores que residieron durante décadas en territorio estadounidense, lo que complica su reintegración laboral y el acceso a atención médica.
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Human Rights Watch cuestiona proceso para deportados
La organización afirmó que varios migrantes fueron detenidos durante revisiones rutinarias del Servicio de Migración y Control de Aduanas, mientras otros fueron arrestados en espacios públicos o centros de trabajo.
“A ninguno lo llevaron ante un juez para impugnar su deportación a México”, indicó el informe, que también cuestionó la falta de transparencia sobre los acuerdos migratorios entre ambos gobiernos.
Alcira Hava, investigadora de Human Rights Watch, describió el escenario como una situación de abandono institucional: “Imaginen tener 60 o 70 años y ser enviados a un país desconocido sin acceso a servicios básicos”, declaró.
Estados Unidos y México enfrentan críticas por trato migratorio
El reporte destacó que más de 4 mil 300 cubanos integran el grupo más numeroso trasladado a territorio mexicano. Muchos habían llegado a Estados Unidos desde las décadas de 1980 y 1990 mediante programas migratorios especiales.
Además, se indicó que varios de los deportados terminan en ciudades con limitadas oportunidades laborales y donde los cárteles criminales aprovechan su situación migratoria. Un trabajador de albergue en Villahermosa calificó la situación como un “doble castigo”.
Human Rights Watch pidió que ambos gobiernos publiquen los acuerdos migratorios vigentes y garanticen procesos ajustados al derecho internacional y al debido proceso.
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