El exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, formó parte de sociedades empresariales junto a integrantes del gabinete del gobierno de Rubén Rocha Moya, de acuerdo con registros oficiales.
La información surge en un contexto de señalamientos en Estados Unidos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico.
Según documentos de la Secretaría de Economía, Díaz Vega fue socio en al menos dos empresas con Javier Gaxiola Coppel, exsecretario de Economía estatal. Estas compañías, constituidas en Culiacán, estaban enfocadas en actividades inmobiliarias y comerciales, incluyendo arrendamiento, construcción y exportación de materiales.
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Enrique Alfonso Díaz Vega y Rocha Moya: sociedades y omisiones
Las empresas Comercial Digax y Urbaland registraron su disolución en 2026; sin embargo, no se documentó formalmente la salida de Enrique Alfonso Díaz Vega como socio en algunos casos. Fue señalado que en sus declaraciones patrimoniales no se reportó la participación en todas las sociedades vinculadas.
Además, durante su gestión en el gobierno de Rocha Moya, el exfuncionario declaró vínculos con al menos 10 empresas, lo que amplía el alcance de su actividad empresarial paralela al servicio público.
Contexto legal y posibles implicaciones
El caso se desarrolla tras la acusación difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se menciona a Rocha Moya y a otros funcionarios por presunta asociación delictiva. Estas investigaciones forman parte de una estrategia más amplia contra redes de financiamiento ilícito, donde la relación entre política y sector empresarial ha sido objeto de escrutinio.
Fue indicado que las autoridades continúan integrando información sobre los vínculos detectados. En México, la obligación de transparentar intereses empresariales de servidores públicos es un componente clave del sistema anticorrupción.
Con estos elementos, el caso de Enrique Alfonso Díaz Vega y su relación con el gobierno de Rocha Moya se mantiene bajo análisis, en un entorno donde las investigaciones internacionales incrementan la presión sobre actores políticos y económicos.
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