El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la apertura de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en un caso que también involucra a otros nueve funcionarios mexicanos; la investigación fue dada a conocer tras reportes sobre la revocación de la visa del mandatario estatal.
De acuerdo con el documento presentado ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, los acusados habrían participado en conspiraciones para la importación de narcóticos hacia EE.UU., así como en delitos relacionados con el uso de armas de alto poder.
En el expediente se señala que “funcionarios de alto rango” habrían facilitado actividades del Cártel de Sinaloa para la distribución de drogas en territorio estadounidense.
EE.UU. acusa a Rubén Rocha Moya por nexos con el Cártel de Sinaloa
La acusación incluye cargos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua.
Se indicó que las autoridades estadounidenses mantienen jurisdicción en casos donde el crimen organizado impacta su territorio, particularmente en el tráfico de drogas sintéticas, un mercado que en los últimos años ha incrementado su valor debido al auge del fentanilo.
Según estimaciones oficiales, el flujo de narcóticos hacia EE.UU. representa uno de los principales motores económicos de las organizaciones criminales, con ingresos que alcanzan miles de millones de dólares anuales.
En ese contexto, el Cártel de Sinaloa ha sido identificado como uno de los principales actores en estas redes de distribución.
Además de Rubén Rocha Moya, en la acusación figuran perfiles como el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, entre otros funcionarios.
El embajador estadounidense, Ronald Johnson, señaló que los casos de corrupción vinculados al crimen organizado “serán investigados y procesados” conforme a la ley.
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Respuesta de México ante solicitud de extradición de EE.UU.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió la solicitud de detención con fines de extradición enviada por EE.UU., aunque precisó que, tras una revisión inicial, no se encontraron elementos probatorios suficientes en la documentación remitida.
La dependencia indicó que el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República para determinar la existencia de pruebas que sustenten las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y los demás señalados; asimismo, se dio a conocer que será enviado un extrañamiento diplomático por la forma en que la información fue difundida públicamente.
El proceso deberá ser evaluado conforme al tratado bilateral de extradición, en el que se establecen criterios jurídicos para validar las solicitudes internacionales.
Mientras tanto, la situación del gobernador y los funcionarios involucrados permanece sujeta a revisión por parte de las autoridades mexicanas.
Con este caso, la relación bilateral en materia de seguridad vuelve a colocarse en el centro del debate, particularmente en lo referente a la cooperación judicial entre EE.UU. y México frente al combate al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones delictivas.
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