La prohibición de vapeadores en México avanzó en la Cámara de Diputados tras la aprobación en lo general de la reforma a la Ley General de Salud, un cambio legislativo impulsado por el Gobierno federal. Con 324 votos a favor y 129 en contra, la modificación restringe de manera absoluta la producción, distribución y venta de vapeadores, e incorpora sanciones penales que podrían alcanzar hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen estos dispositivos.
Este punto ha sido el más polémico, pues varios partidos de oposición denuncian que la prohibición puede derivar en criminalización indirecta hacia los consumidores.
La Comisión de Salud, presidida por Pedro Zenteno, aseguró que el aumento en el uso de vapeadores —particularmente entre adolescentes— se ha visto impulsado por campañas que los presentan como mecanismos de reducción de daño.
Según el legislador, estas estrategias han explotado vacíos regulatorios y han dirigido mensajes engañosos hacia menores de edad.
En respuesta a las críticas, Morena anunció que se integrará una reserva para precisar que la prohibición no contempla sanciones para usuarios finales, aunque sí para quienes lucren con la venta o distribución de los dispositivos.
Durante el debate legislativo, algunos diputados de oposición exhibieron vapeadores en pleno recinto, denunciando que la prohibición podría fomentar mercados clandestinos. Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la proporcionalidad de las penas, señalando que su aplicación podría abrir la puerta a abusos por parte de autoridades locales.
Argumentaron además que el dictamen, que supera las 800 páginas, no incorporó opiniones de especialistas en salud respiratoria, adicciones o regulación sanitaria.
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Acusaciones sobre el alcance de la prohibición
La discusión sobre los riesgos de los vapeadores ocupó buena parte del análisis legislativo. Estudios citados en el dictamen advierten sobre la presencia de metales pesados como cadmio, níquel y plomo, compuestos asociados a inflamación crónica y deterioro pulmonar.
Estas investigaciones han sido utilizadas por los promotores de la prohibición para justificar la urgencia regulatoria; sin embargo, grupos activistas —incluyendo México y el Mundo Vapeando— insisten en que una prohibición total ignora alternativas de reducción de daños y podría perjudicar a quienes buscan dejar el tabaquismo.
La aprobación fue acompañada de un paquete de reformas adicionales que fortalecen a la Secretaría de Salud en compras consolidadas, adquisición de equipo médico y control de sustancias peligrosas.
Pese a los cuestionamientos sobre la inclusión de temas diversos en un mismo dictamen, el bloque mayoritario defendió que todas las medidas responden a una estrategia integral.
La reforma, centrada en la prohibición de vapeadores, será enviada al Senado, donde continuará un debate que refleja tensiones entre salud pública, regulación tecnológica y preocupaciones sociales sobre el alcance penal de la medida.
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