El Ayuntamiento de Querétaro aprobó la reforma judicial estatal, un paso clave dentro del proceso de armonización con los cambios impulsados a nivel federal; la decisión coloca a la capital como uno de los municipios que han avanzado en la validación de esta iniciativa, la cual deberá ser respaldada por la mayoría de los 18 ayuntamientos para su entrada en vigor.
Durante la sesión de Cabildo, el dictamen fue aprobado por mayoría, aunque se registraron posturas divergentes entre los distintos grupos políticos.
Se indicó que el objetivo central de la reforma judicial es fortalecer la estructura del sistema de justicia y mejorar la selección de perfiles, en un contexto donde el volumen de asuntos legales ha crecido de manera sostenida en el estado.
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Ayuntamiento impulsa reforma judicial con respaldo mayoritario
El Ayuntamiento de Querétaro contó con el respaldo de regidores de diversas fuerzas políticas, quienes defendieron que la reforma judicial busca profesionalizar la impartición de justicia:
“No se trata solo de cumplir, se trata de hacerlo bien”, expresó el regidor Fernando Flores durante la discusión.
Desde esta perspectiva, se ha señalado que el nuevo modelo contempla mecanismos de formación y evaluación más rigurosos para los operadores judiciales. La propuesta fue diseñada para responder a la demanda ciudadana de mayor eficiencia y transparencia en los procesos.
División interna marca debate
Sin embargo, el debate dejó ver fracturas internas, particularmente en Morena, donde algunos representantes votaron en contra pese a que la reforma judicial tiene origen en su agenda nacional. La postura crítica cuestionó aspectos como la implementación de mecanismos de selección, considerados por algunos como limitantes.
En contraste, se argumentó que la profesionalización del sistema es necesaria para garantizar resoluciones más sólidas. La votación, por tanto, reflejó tensiones políticas que han acompañado el avance de la reforma en el ámbito local.
Con esta aprobación, el proceso entra en su etapa final. El futuro de la reforma judicial dependerá ahora del aval del resto de los ayuntamientos, en un escenario donde el consenso político será determinante para su implementación definitiva.
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