La diputada del PT, Claudia Díaz Gayou, señaló que la Ley de Ingresos 2026 del Municipio de Querétaro presenta al menos 40 inconsistencias, entre ellas una diferencia de 700 millones de pesos entre la recaudación proyectada y los ingresos históricos del municipio.
Explicó que, mientras la propuesta fija una recaudación de 7 mil 960 millones de pesos, las tendencias de los últimos años apuntan a 8 mil 700 millones, cifra que el municipio también estima para 2025.
“Esos 700 millones quedan como uso discrecional del secretario de Finanzas a órdenes del alcalde, sin pasar por el Ayuntamiento”, acusó.
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Díaz Gayou también señaló la existencia de “guardaditos”, por lo que asegura que detectó mil 883 millones en 2023 y mil 661 millones en 2024.
“Una vez que se abran las cuentas públicas de 2025 sabremos el monto, pero debemos cuestionar si este recurso no utilizado tiene fines electorales”, apuntó.
Otro punto son las condonaciones y exenciones de impuestos, pues la propuesta amplía las facultades del secretario de Finanzas para condonar, reducir o eximir contribuciones.
“El artículo 28 constitucional prohíbe las condonaciones fiscales; es ilegal otorgarlas y abre puertas discrecionales para beneficiar a amigos o empresarios”, sostuvo.
La diputada afirmó que la propuesta de la 4T es reformar la Ley de Recursos Públicos para otorgar ayudas sociales que permitan a los sectores vulnerables cubrir sus contribuciones sin violar la ley.
La legisladora también alertó sobre la posibilidad de cancelar adeudos fiscales si existe un cambio de situación jurídica del contribuyente: “Si cambia domicilio, socios o denominación, podrían borrarse deudas millonarias”, dijo.
En el traslado de dominio, advirtió que el municipio elimina la deducción de 1.5 millones de pesos para viviendas de interés social y popular, pese a estar vigente en la Ley de Hacienda Municipal. Anunció que buscará restituir este beneficio para que inmuebles de hasta 1.5 mdp no paguen el impuesto, y los de hasta 3 mdp solo cubran el excedente.
Sobre el predial, indicó que el municipio mantiene descuentos de 12% en enero y 8% en febrero, aunque la ley permite hasta 20% en el primer mes. Mencionó que municipios como Corregidora, El Marqués y San Juan del Río sí contemplan este beneficio.
Finalmente, señaló el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) con una fórmula que la Suprema Corte declaró inconstitucional: “Es un cobro ilegal que el municipio aplica desde hace años con el 8%”, afirmó, e invitó a la ciudadanía a revisar sus recibos de luz.
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