La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, cuenta con seguridad adicionaltras la acusación difundida por autoridades de Estados Unidos.
La medida, explicó, fue determinada por el Gabinete de Seguridad luego de un análisis de riesgo, en un contexto marcado por tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el debido proceso.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la protección se otorga con base en evaluaciones técnicas que consideran la integridad de las personas involucradas.
“Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece o no la seguridad”, afirmó.
Este tipo de resguardo puede ser solicitado por funcionarios o incluso por ciudadanos, siempre que se acredite una situación de vulnerabilidad.
La decisión también ocurre en medio de cambios políticos en Sinaloa, donde fue instruido que el Gabinete de Seguridad federal se desplace para reforzar la coordinación con el gobierno estatal interino.
Según se indicó, estas acciones buscan contener la violencia en la región y garantizar condiciones de gobernabilidad. En este escenario, la presencia institucional ha sido considerada clave para sostener la estabilidad operativa.
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Señalamientos por filtración y debido proceso
Por otra parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sostuvo que la difusión del caso por parte de autoridades estadounidenses vulneró principios básicos del debido proceso; de acuerdo con su postura, la confidencialidad debió haberse mantenido para evitar juicios anticipados.
La funcionaria argumentó que la exposición pública derivó en un “linchamiento mediático”, lo que, a su juicio, podría influir en la percepción de las autoridades y en la integridad de las pruebas.
Fue señalado que este principio está respaldado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece garantías para la presunción de inocencia.
Asimismo, se indicó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición debió haberse tramitado de manera reservada entre gobiernos. La Fiscalía General de la República ha emitido una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar formalmente que se respete este criterio en futuras actuaciones.
Contexto político y coordinación en Sinaloa
En paralelo, la administración federal ha enfatizado la importancia de fortalecer la coordinación con el gobierno estatal ante la persistencia de la violencia. La transición en el poder local ha sido acompañada por medidas de respaldo institucional, las cuales buscan evitar vacíos de autoridad.
La controversia actual pone en relieve los desafíos de equilibrar la transparencia con la protección de los derechos procesales.
Con estos elementos, el gobierno federal busca encauzar el proceso bajo criterios legales y de seguridad, mientras mantiene la atención en la estabilidad de Sinaloa y en el respeto a las garantías fundamentales que rigen el sistema judicial.
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