Una serie de videos grabados por el empresario Alfredo Hernández Casillas documentaría el deterioro de su relación con Guadalupe Taddei, entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), durante los primeros meses de 2026, en medio de presuntas amenazas, extorsiones y disputas relacionadas con contratos otorgados a empresas vinculadas con el contratista.
El material, registrado por el propio empresario como una especie de “seguro de vida”, mostraría reuniones en las que se evidencian desacuerdos entre ambos y advertencias sobre la posibilidad de revelar información que pudiera comprometer a sus antiguos socios.
De acuerdo con la información difundida, Hernández Casillas mantenía vínculos con Cajas Graf y otras compañías que obtuvieron contratos millonarios durante la gestión de Taddei en el INE y en el organismo electoral de Sonora.
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Guadalupe Taddei y el poder de Hernández Casillas dentro del INE
Las grabaciones describirían cómo el empresario habría consolidado influencia sobre áreas estratégicas del instituto mediante una red de funcionarios considerados cercanos a sus intereses.
Según el material, estos servidores públicos habrían sido colocados en posiciones clave para intervenir en la asignación de contratos y mantener comunicación con proveedores, con el aval de la entonces presidenta del organismo.
Esta estructura habría permitido que decisiones relacionadas con contrataciones y proveedores fueran reportadas directamente al empresario, lo que plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y autonomía administrativa dentro de la autoridad electoral.
Hernández Casillas habría utilizado grabaciones como mecanismo de presión
En las reuniones, el contratista habría reprochado a Taddei distintas decisiones y expuesto información que calificó como un asunto secreto relacionado con la Secretaría de Gobernación.
Durante uno de esos intercambios, afirmó que se trataba de algo del que “nadie sabe nada”.
El material también sugiere que las grabaciones fueron realizadas como medida de protección personal y como un recurso para perjudicar a sus antiguos socios si la relación empresarial llegaba a una ruptura definitiva.
Los señalamientos colocan nuevamente bajo escrutinio las contrataciones realizadas durante la administración de Taddei y el alcance de las relaciones entre funcionarios y proveedores; sin embargo, la información disponible no detalla las medidas institucionales o legales que se hayan iniciado específicamente a partir de estas grabaciones.
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