La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este viernes la actuación del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por tener conocimiento de empresas que concentraban contratos millonarios con organismos electorales sin que, durante su gestión, se modificaran esas prácticas.
El señalamiento ocurrió durante su conferencia matutina en Ciudad de México, en medio de una investigación federal sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Sheinbaum sostuvo que la consigna “el INE no se toca”, defendida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pudo haber servido para proteger una presunta red de intereses dentro de las instituciones electorales.
La mandataria hizo referencia a una investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, que documentó contratos por más de 2 mil 646 millones de pesos con autoridades electorales entre 2014 y 2025.
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Claudia Sheinbaum señala a Lorenzo Córdova por contrataciones electorales
La presidenta cuestionó que Córdova, quien encabezó el INE de 2014 a 2023, reconociera conocer la existencia de un grupo reducido de empresas que concentraba contratos con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), mientras compañías relacionadas también recibieron adjudicaciones durante su administración.
“Estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente a unas cuantas empresas y él también las contrató”, afirmó.
Sheinbaum también mencionó a Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo del instituto durante 15 años, al considerar que debía conocer el esquema de contratación. “Entonces, que se abra todo”, expresó.
Investigación identifica posibles mecanismos de simulación en licitaciones
De acuerdo con Raquel Buenrostro, entre 2014 y 2023 las empresas investigadas obtuvieron más de 2 mil millones de pesos en contratos con 23 de los 32 organismos electorales estatales; entre 2024 y 2025 recibieron otros 646 millones de pesos con 15 organismos.
La investigación identificó presuntos acuerdos entre proveedores para simular competencia en licitaciones, operaciones entre compañías relacionadas y dispersión de recursos que dificultaría identificar a los beneficiarios finales.
La funcionaria explicó que algunas empresas presuntamente acordaban quién presentaría la oferta más baja para obtener los contratos; también se detectaron compañías sin empleados o capacidad técnica reportada para prestar los servicios ofrecidos.
Aunque Sheinbaum pidió investigar a quienes conocían estas prácticas, precisó que las responsabilidades administrativas o penales deberán ser determinadas por las autoridades competentes, no por el Ejecutivo federal.
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