La Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó en lo general la nueva Ley de Aguas, un paquete legislativo que modifica 124 artículos, adiciona 33 y deroga 17 disposiciones del marco vigente.
Con 328 votos a favor y 131 en contra, la reforma fue respaldada por Morena y sus aliados, quienes sostienen que el objetivo central es combatir el uso indebido del agua, limitar el acaparamiento y modernizar la gestión del recurso en un contexto de creciente estrés hídrico en el país.
La decisión fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes advierten que el nuevo modelo podría recentralizar decisiones y generar cargas administrativas para productores agropecuarios.
Las sanciones propuestas en la Ley de Aguas incluyen multas que pueden superar los 4.5 millones de pesos y penas de hasta ocho años de prisión para quienes cedan o transmitan concesiones, o para quienes alteren el uso autorizado del recurso.
Se incorpora además un catálogo específico de delitos relacionados con la explotación irregular del agua.
Estas disposiciones fueron diseñadas para responder a prácticas históricas en zonas agrícolas e industriales, donde se han documentado desvíos ilegales y transferencias opacas de derechos de uso.
En varias regiones del país, más del 40 por ciento del agua concesionada se utiliza sin reportes completos, según cifras federales.
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Nueva Ley de Aguas crea fondo de reserva nacional
La aprobación en San Lázaro también establece la expedición de la Ley General de Aguas, que regula la captación pluvial para uso doméstico e integra nuevas facultades para los tres órdenes de gobierno.
Se dispone que las concesiones no podrán ser objeto de transmisión, y se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales bajo administración de la Conagua. Este fondo estará integrado por volúmenes provenientes de títulos extinguidos o cedidos y será utilizado para garantizar disponibilidad en zonas prioritarias.
- En el sector agrícola, que consume aproximadamente el 76 por ciento del agua nacional, se exigirá un reporte anual sobre volúmenes extraídos, superficies de riego y producción resultante.
Durante el debate, legisladores oficialistas aseguraron que la Ley de Aguas favorece a campesinos y pequeños productores, en tanto que opositores alertaron riesgos de concentración del control gubernamental.
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