El nombre de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría sido revisado por al menos dos agencias estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, de acuerdo con una publicación atribuida a The New York Times; sin embargo, el reporte señala que hasta el momento no se ha iniciado una investigación formal en su contra.
Según la información difundida, los organismos analizarían la posibilidad de presentar acusaciones, mientras que López Beltrán habría establecido contacto indirecto con funcionarios de Estados Unidos mediante intermediarios.
Estos acercamientos, de acuerdo con las fuentes citadas en el texto, no derivaron en conversaciones formales.
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Andy López Beltrán: señalamientos bajo revisión
La publicación se conoce semanas después de que López Beltrán informara que el Departamento de Estado estadounidense le revocó la visa. En aquella ocasión, calificó la medida como un acto político y negó que existieran fundamentos relacionados con una conducta irregular.
En México, la fiscal general Ernestina Godoy declaró el 16 de septiembre que no existían órdenes de detención contra López Beltrán ni contra el empresario Jorge Amílcar Olán.
Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum también había señalado que, según la información proporcionada por la Fiscalía General de la República, no había una investigación contra el hijo del exmandatario por huachicol fiscal.
Los señalamientos por contrabando de combustible
El nombre de López Beltrán también ha sido mencionado en testimonios relacionados con una investigación sobre contrabando de combustible en la que están implicados exintegrantes de la Secretaría de Marina.
El abogado de uno de los acusados afirmó que el político fue referido por testigos, aunque esas menciones no constituyen por sí mismas una determinación judicial.
En mayo, López Beltrán dejó su cargo como secretario de Organización de Morena y manifestó su intención de competir por una diputación en Tabasco.
Hasta ahora, los señalamientos difundidos en torno a su posible relación con actividades ilícitas permanecen sujetos a verificación y no equivalen a una acusación formal confirmada por las autoridades estadounidenses.
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