El Senado de la República aprobó el denominado Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque sin incluir la propuesta de revocación de mandato anticipada para 2027; el dictamen fue avalado tanto en lo general como en lo particular y fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
La votación registró 87 sufragios a favor por parte de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, frente a 41 votos en contra de legisladores de oposición.
La discusión, que se extendió por más de seis horas, estuvo marcada por posturas encontradas sobre el alcance de las reformas constitucionales.
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Plan B avanza sin revocación de mandato tras debate en el Senado
Durante el proceso legislativo, la propuesta de modificar el artículo 35 constitucional, relacionada con la revocación de mandato, fue retirada a partir de una reserva presentada por el Partido del Trabajo.
La senadora Lizeth Sánchez argumentó que integrar este mecanismo con el calendario electoral de 2027 podría distorsionar su naturaleza democrática.
La eliminación de este componente fue aprobada por el pleno, por lo que el Plan B avanzó sin dicho apartado. Esta decisión fue interpretada como un intento por mantener la independencia de los procesos de participación ciudadana frente a las elecciones federales.
Reformas del Plan B generan posturas divididas
El dictamen contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, incluyendo límites al presupuesto de congresos estatales y ajustes en las remuneraciones de consejeros electorales; también se establece que los ayuntamientos podrán integrarse con hasta 15 regidores bajo el principio de paridad.
Mientras legisladores oficialistas defendieron que las reformas buscan eliminar privilegios, la oposición sostuvo que el Plan B podría concentrar poder político y afectar el equilibrio institucional. La discusión evidenció tensiones entre fuerzas políticas, en un contexto donde la revocación de mandato se mantiene como un tema central en el debate democrático del país.
Con su envío a la Cámara de Diputados, el Plan B continuará su proceso legislativo, en medio de un entorno político marcado por la confrontación de visiones sobre el rumbo institucional de México.
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