El Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncias formales ante instancias penales y de fiscalización por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre, al advertir posibles irregularidades en la planeación, construcción y supervisión de una de las obras prioritarias del sexenio anterior.
El caso fue llevado ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con el PAN, el descarrilamiento del Tren Interoceánico debe ser investigado como un hecho de interés público debido al volumen de recursos federales involucrados y a la relevancia estratégica del corredor ferroviario para la logística nacional y el comercio interoceánico.
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PAN señala presuntas responsabilidades en el Tren Interoceánico
En la denuncia presentada ante la FGR, el PAN atribuyó presuntas responsabilidades penales a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como a exfuncionarios y actuales mandos vinculados al proyecto del Tren Interoceánico.
Entre ellos se mencionó a ex titulares de la Secretaría de Marina y a directivos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Según los legisladores, los hechos podrían configurar delitos como tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad.
Parte de la infraestructura del Tren Interoceánico fue construida bajo esquemas excepcionales de contratación, por lo que, afirmaron, una revisión integral resulta necesaria; las investigaciones fueron solicitadas para determinar si fallas técnicas o administrativas contribuyeron al siniestro.
Auditorías y fiscalización del Tren Interoceánico
De manera paralela, el PAN pidió a la Auditoría Superior de la Federación realizar nuevas revisiones al uso de los recursos asignados al Tren Interoceánico, cuyo presupuesto acumulado supera decenas de miles de millones de pesos.
Se indicó que auditorías internas deberán ser revisadas y que la trazabilidad del gasto público debe ser esclarecida.
Los legisladores promoventes señalaron que una obra de esta magnitud debe cumplir estándares internacionales de seguridad ferroviaria; asimismo, fue subrayado que la transparencia debe ser garantizada para evitar precedentes negativos en futuros proyectos de infraestructura.
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