El grupo parlamentario de Morena en la LXI Legislatura de Querétaro manifestó su rechazo al anuncio del Poder Ejecutivo estatal sobre el veto a la llamada ley de identidad de género, al considerar que la reforma responde a derechos ya reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante un posicionamiento público, las y los legisladores señalaron que la iniciativa surgió de una exigencia histórica de colectivos y sociedad civil para garantizar el libre desarrollo de la personalidad y brindar certeza jurídica a personas trans.
“El debate público debe darse con responsabilidad jurídica y sin descalificaciones ideológicas”, sostuvo la bancada legislativa.
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Morena defiende alcances de la ley de identidad de género
El grupo parlamentario afirmó que las reformas aprobadas establecen mecanismos administrativos para adecuar documentos oficiales sin eliminar registros originales, con el objetivo de mantener trazabilidad legal.
Además, subrayó que el dictamen aprobado excluye explícitamente a menores de edad. Según el documento, esta limitación quedó asentada en el artículo 131 Ter del Código Civil estatal.
Durante el proceso legislativo se realizaron foros y consultas con especialistas, organizaciones civiles y representantes institucionales; la reforma también recibió respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas.
Legisladores cuestionan argumentos del veto
En el posicionamiento, Morena lamentó que la reforma fuera vinculada con “grupos radicales”, al considerar que esa narrativa distorsiona el contenido aprobado por el Congreso local.
La bancada sostuvo que negar mecanismos legales de reconocimiento de identidad podría generar riesgos administrativos y afectar derechos civiles, patrimoniales y familiares.
Datos de organizaciones defensoras de derechos humanos indican que más de 20 entidades del país ya cuentan con procedimientos administrativos similares para el reconocimiento de identidad de género.
Finalmente, las y los legisladores reiteraron su disposición al diálogo institucional y señalaron que los derechos fundamentales deben prevalecer en la discusión pública sobre la reforma.
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