La Legislatura de Querétaro suspendió la sesión en la que se definiría la designación del Fiscal Anticorrupción, luego de que las fuerzas políticas solicitaran un receso para revisar observaciones relacionadas con el procedimiento.
La decisión ocurre a pocas horas de que concluya el plazo legal establecido para concretar el nombramiento.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Sinuhé Piedragil, señaló que la postergación evidenció la necesidad de fortalecer la construcción de consensos al interior de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), instancia encargada de conducir las negociaciones previas a la votación.
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Legislatura busca acuerdos para nombrar al Fiscal Anticorrupción
Piedragil reconoció que el proceso requería una mayor coordinación entre los grupos parlamentarios; “Faltó más trabajo político legislativo por parte de los que están en la Junta de Coordinación Política”, afirmó.
El legislador explicó que el receso de 24 horas permitirá analizar observaciones formuladas por distintas fuerzas políticas y garantizar que el procedimiento se ajuste plenamente al marco normativo vigente. Según indicó, la prioridad es evitar futuros cuestionamientos sobre la legalidad de la designación.
“Queremos ver que se lleven conforme a la norma, que es nuestra responsabilidad”, sostuvo.
El plazo legal concluye este miércoles
La actual composición del Congreso obliga a construir acuerdos entre distintas bancadas para alcanzar la mayoría calificada requerida en este tipo de nombramientos constitucionales.
En México, las fiscalías especializadas en combate a la corrupción forman parte de los mecanismos institucionales creados para fortalecer la rendición de cuentas y la vigilancia del ejercicio público.
El presidente de la Mesa Directiva advirtió que el margen de maniobra es reducido; “La designación se vence a las 23:59 horas del día de mañana”, señaló.
De acuerdo con la legislación vigente, si la Legislatura no concreta la designación del Fiscal Anticorrupción dentro del plazo establecido, la facultad para realizar el nombramiento recaería en el titular del Poder Ejecutivo estatal, lo que incrementa la presión para alcanzar acuerdos antes del vencimiento legal.
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