La Legislatura del Estado de Querétaro confirmó que cuenta con las facultades constitucionales para iniciar un juicio político contra la presidenta municipal de Peñamiller, Ana Karen Jiménez Guillén, ante presuntas omisiones y una ausencia prolongada que, según legisladores, ha generado afectaciones directas a la población del municipio del Semidesierto.
Desde hace cinco días, la alcaldesa de Peñamiller no ha atendido públicamente los reclamos ciudadanos relacionados con temas ambientales, administrativos y de seguridad, situación que derivó en la toma de las instalaciones municipales por parte de habitantes de diversas comunidades.
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Legislatura perfila juicio político en Peñamiller
El diputado local Eric Silva Hernández, representante del Distrito XIV, señaló que el juicio político está previsto en el Artículo 17 de la Constitución local y puede ser aplicado cuando existen actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.
En este caso, dijo, la ausencia de la autoridad municipal de Peñamiller podría configurar dicha causal.
Fue señalado que, desde el inicio de la protesta el pasado 4 de febrero, no se ha establecido una mesa de diálogo directa con la alcaldesa; la falta de respuesta institucional ha sido interpretada como un factor que profundiza el conflicto social en Peñamiller, donde las demandas continúan acumulándose.
Omisiones y demandas que podrían derivar en juicio político
Entre los señalamientos expuestos se encuentran la falta de atención al problema ambiental del relleno sanitario en la comunidad de Enramadas, así como el pago de indemnizaciones a ejidatarios afectados.
También se han denunciado problemáticas de inseguridad, presuntas violaciones a derechos humanos por policías locales y la no reincorporación de autoridades comunitarias electas.
De acuerdo con el diputado, el Artículo 38, Fracción I, de la Constitución estatal establece como causal de juicio político las omisiones de servidores públicos que afecten al interés colectivo; bajo este marco legal, el caso de Peñamiller podría ser analizado formalmente por el Congreso.
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