El empresario José Alfredo Hernández Casillas, contratista del Instituto Nacional Electoral (INE) y vinculado a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, promovió desde febrero de 2026 un juicio de amparo para protegerse ante una posible orden de aprehensión o comparecencia en su contra, según documentos obtenidos por Latinus.
La demanda fue presentada el 9 de febrero por medio del bufete Hernández Barros, luego de que, de acuerdo con el empresario, presuntos agentes ministeriales acudieran a su domicilio en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, el 21 de enero.
Hernández afirmó que los visitantes preguntaron por él y señalaron contar con órdenes judiciales, pero se retiraron sin dejar documentación.
En el recurso, el contratista manifestó desconocer qué autoridad habría emitido los requerimientos y solicitó a jueces federales de la Ciudad de México y del Estado de México información sobre posibles investigaciones o expedientes en los que apareciera relacionado.
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José Alfredo Hernández y su solicitud de protección ante el INE
En su escrito, el empresario sostuvo que no tenía conocimiento de haber cometido alguna conducta delictiva y expresó su disposición a colaborar con las autoridades.
“Siempre he gozado de una buena reputación, soy respetuoso de nuestras leyes mexicanas”, expuso en la demanda, en la que también aseguró estar dispuesto a intervenir en cualquier investigación ministerial en la que pudiera ser relacionado.
El documento solicita la suspensión provisional y, en su caso, definitiva de cualquier orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra; sin embargo, la presentación del amparo no confirma por sí misma la existencia de una orden judicial ni de una imputación formal.
Empresas contratistas y vínculos con organismos electorales
Hernández Casillas es señalado en la información como responsable de empresas proveedoras, entre ellas Corporativo Zeg y Cajas Graf, que han recibido contratos millonarios del INE y de organismos electorales locales.
En febrero, el empresario autorizó a cinco abogados para asumir su defensa, entre ellos Julio Antonio Hernández Barros, Julio Antonio Hernández Sicilia, Raúl Monzón González y Jesús Fernández Hernández.
La solicitud también buscaba conocer si existían carpetas de investigación, averiguaciones previas o expedientes en los que fuera considerado investigado, imputado o probable responsable.
La fuente no precisa si las autoridades respondieron a esas peticiones ni si se emitió alguna orden en su contra.
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