El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) inició desde mayo de 2025 investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei.
El organismo reportó 13 expedientes iniciales y otras 24 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones de control, además de proponer una política nacional para regular las adquisiciones electorales.
En un informe entregado a las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el OIC señaló que los casos involucran al menos a 13 funcionarios y exfuncionarios electorales, ocho personas físicas y 18 empresas.
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INE identifica riesgos de corrupción en contratos públicos
Entre las posibles irregularidades se encuentran simulación del cumplimiento de requisitos, abuso de funciones, conflictos de interés, documentación falsa y uso irregular de recursos públicos; también se detectaron deficiencias en la planeación, supervisión, recepción y pago de bienes y servicios, con posibles afectaciones patrimoniales.
El órgano informó que encontró elementos probatorios en tres de cuatro casos relacionados con posibles conflictos de interés, mientras que el restante continúa bajo investigación.
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, sostuvo que los procedimientos se conducirán con garantías legales.
“Es fundamental señalar que, todas las actuaciones se desahogarán con objetividad, independencia y rigor técnico, con pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la reserva legal de la información relacionada con procedimientos en trámite”, indicó.
Entre enero de 2025 y octubre de 2026 se emitieron 20 sanciones, de acuerdo con el reporte. Estas incluyen inhabilitaciones de funcionarios, exfuncionarios y particulares, una suspensión por 30 días y tres sanciones económicas que suman 1.6 millones de pesos.
Proponen homologar la contratación electoral
El OIC también informó que el 2 de octubre inhabilitó a Bell-Krom, S.A. de C.V., por incumplir la entrega de 25 mil 302 chamarras destinadas a supervisores y capacitadores-asistentes electorales del proceso federal 2023-2024.
Además, notificó 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de una auditoría sobre contrataciones administrativas realizadas entre diciembre de 2024 y mayo de 2026.
Ante las diferencias normativas y de precios entre el INE y los organismos públicos locales electorales, el órgano recomendó establecer criterios técnicos comunes, referencias de mercado y una estrategia coordinada de fiscalización para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
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