La Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de Guanajuato aseguraron más de 59 millones de litros de hidrocarburo presuntamente ilícito en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, en lo que ha sido reportado como el mayor decomiso de huachicol realizado durante el actual sexenio.
El operativo derivó de una investigación iniciada el 3 de julio, cuando una persona fue detenida mientras descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz.
Al no acreditarse la trazabilidad del combustible, las indagatorias condujeron a otros inmuebles vinculados con el mismo propietario.
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FGR investiga origen del huachicol asegurado en Guanajuato
En San José Iturbide fueron localizados 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación contable. El hidrocarburo está compuesto por aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.3 millones de gasolina premium y 18.3 millones de diésel. La procedencia y legalidad del producto permanecen bajo investigación.
La infraestructura localizada estaba acondicionada para almacenar y movilizar grandes cantidades de combustible.
Debido al volumen asegurado, las labores de medición, identificación y manejo son realizadas bajo supervisión especializada para reducir riesgos de derrames, incendios y afectaciones ambientales.
Guanajuato concentra decomiso histórico de combustible
El secretario de Seguridad y Paz estatal, Juan Mauro González Martínez, señaló que el procedimiento busca también determinar posibles operaciones irregulares relacionadas con almacenamiento y distribución.
“No se trata sólo del volumen localizado”, explicó, al advertir sobre los riesgos asociados con este tipo de instalaciones.
Como referencia, el aseguramiento supera los 25 millones de litros decomisados en dos investigaciones previas relacionadas con contrabando de combustible, de acuerdo con información difundida sobre esos casos.
La FGR mantiene las investigaciones para establecer el origen y destino del hidrocarburo, mientras los bienes asegurados permanecen a disposición del Ministerio Público Federal. Las autoridades han señalado que deberán determinarse responsabilidades conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.
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