Un cuarto audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, reveló un supuesto acercamiento con autoridades estadounidenses, quienes le habrían planteado una vía de cooperación para evitar posibles cargos, de acuerdo con información difundida por el semanario Zeta.
La grabación fue difundida por el periodista Gildo Garza y posteriormente analizada por el medio bajacaliforniano, que consultó a un agente estadounidense sobre el contenido. Según la publicación, el funcionario afirmó que existían investigaciones contra la gobernadora, su exesposo y otras personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas.
En el audio se escucha a un intermediario explicar que las autoridades estadounidenses consideraban que estaban perdiendo el tiempo y que existía una “última oportunidad” para colaborar.
Como alternativa, se habría planteado la elaboración de una proffer letter, mecanismo utilizado en Estados Unidos para que una persona investigada proporcione información bajo determinadas condiciones de protección.
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Audios de Marina del Pilar abren nuevas dudas sobre la investigación
Durante la conversación, un supuesto agente estadounidense recomienda que la gobernadora consulte con su abogado y prepare dicho documento. La grabación, sin embargo, no acredita por sí misma que la mandataria haya aceptado la propuesta o firmado algún acuerdo con las autoridades de ese país.
El contenido fue cuestionado por el gobierno estatal. El secretario particular de la gobernadora aseguró a Zeta que los audios existen, pero sostuvo que fueron presentados de manera “descontextualizada”; también negó que Marina del Pilar haya firmado una proffer letter o que se hubieran celebrado las reuniones descritas en las grabaciones.
El caso se remonta a mayo de 2025, cuando fueron revocadas las visas estadounidenses de la gobernadora y de Carlos Torres, quien entonces era su pareja.
Posteriormente se difundieron otras grabaciones que mostraban supuestos acercamientos con funcionarios estadounidenses y referencias a una eventual colaboración con el Buró Federal de Investigaciones.
Hasta ahora, las acusaciones difundidas públicamente no han derivado en una imputación penal formal contra la gobernadora. La existencia de investigaciones y su eventual alcance tampoco han sido detallados oficialmente por autoridades estadounidenses.
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