El senador Agustín Dorantes Lámbarri anunció una colaboración con el Colegio de Abogados Agraristas del Estado de Querétaro para impulsar cambios legales que permitan atender la situación de familias que habitan en asentamientos irregulares y enfrentan dificultades para obtener certeza jurídica sobre sus predios.
El objetivo es desarrollar iniciativas federales y locales que permitan reducir los obstáculos legales y administrativos que actualmente dificultan la regularización de terrenos, así como el acceso posterior a obras y servicios públicos.
Dorantes señaló que la problemática tiene efectos directos sobre las condiciones de vida de las familias. “Hay muchos asentamientos irregulares, donde viven familias, donde llevan muchos años viviendo”, afirmó, al advertir que la falta de servicios genera condiciones de desigualdad frente a colonias consolidadas.
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Agustín Dorantes prepara iniciativas para la regularización
El presidente del Colegio de Abogados Agraristas, Edgar Saúl Villalobos, explicó que el organismo ya trabaja en una propuesta jurídica para intervenir en procesos relacionados con fundos legales y terrenos de propiedad ejidal, comunal y privada.
Villalobos sostuvo que los procedimientos requieren modificaciones debido a cambios en el marco jurídico. “Necesitamos hacerlo a través de los mecanismos legales”, señaló, al referirse a las alternativas disponibles para atender los casos pendientes.
El senador adelantó que las propuestas serán presentadas ante el Senado de la República, aunque también se buscarán modificaciones administrativas y legales en el ámbito estatal. La intención, dijo, es que Querétaro pueda avanzar en soluciones mientras se atiende la agenda federal.
Asentamientos irregulares concentran cientos de casos pendientes
De acuerdo con el Catálogo del Gobierno del Estado, en Querétaro existen mil 168 asentamientos registrados. De ellos, 241 han sido regularizados, 492 se encuentran en proceso y 435 permanecen pendientes. De estos últimos, 259 están en trámite ante autoridades federales.
Las cifras muestran la dimensión administrativa del problema y la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La propuesta presentada por los abogados busca contribuir desde el ámbito jurídico a destrabar procedimientos que han limitado durante años la certeza patrimonial de las familias.
Con esta colaboración, Dorantes y el Colegio de Abogados Agraristas plantean llevar el problema de los terrenos sin regularizar a la discusión legislativa, con la finalidad de establecer mecanismos que permitan avanzar en la seguridad jurídica y en el acceso progresivo a servicios públicos.
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