La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles un decreto para regular los contenidos de las plataformas digitales en México, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a materiales que promuevan violencia, explotación y otras conductas de riesgo.
La medida establece obligaciones para las redes sociales, entre ellas clasificar contenidos por edades, verificar la edad de sus usuarios y habilitar herramientas de supervisión para madres y padres de familia.
También deberán colaborar con las autoridades mediante la preservación y entrega de información relevante sobre “casos que se detecten de riesgo”, explicó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, durante la conferencia matutina.
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Claudia Sheinbaum y el decreto: restricciones y obligaciones digitales
El decreto contempla que las plataformas impidan la difusión de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, trastornos alimenticios, violencia escolar, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.
Las disposiciones se aplicarán a las redes sociales activas en el país, incluidas Facebook, Instagram, X y TikTok.
La implementación de estas obligaciones representa una nueva intervención regulatoria en espacios digitales utilizados por menores, aunque la información difundida no detalla los mecanismos de vigilancia ni las sanciones por incumplimiento.
La iniciativa fue anunciada el viernes anterior, después de un ataque ocurrido en una escuela de Coahuila, perpetrado por dos jóvenes y en el que murió la subdirectora del plantel; el hecho antecedió a la presentación de la medida enfocada en contenidos violentos en internet.
Regulación digital en medio de cuestionamientos públicos
Un día antes de la firma, Sheinbaum realizó su primera transmisión en vivo con la intención de abordar la regulación de contenidos violentos en plataformas digitales; sin embargo, las preguntas de la audiencia se concentraron también en asuntos como la inseguridad, la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la calidad del agua en Jalisco y la represión de manifestantes.
El decreto coloca la protección de menores en el centro de la discusión sobre las responsabilidades de las empresas tecnológicas y el acceso a contenidos en línea; su alcance dependerá de la aplicación de las medidas anunciadas y de la colaboración entre las plataformas y las autoridades.
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