La Fiscalía General de la República (FGR) identificó nueva evidencia relacionada con las operaciones de la empresa Ingemar, cuyo accionista mayoritario es el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Los hallazgos podrían ampliar las líneas de investigación sobre una presunta red de contrabando de combustible conocida como “huachicol” ferroviario.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que, durante las diligencias, fueron localizadas dos bodegas dentro de un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
En el sitio fueron asegurados pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos que, de acuerdo con la investigación, podrían documentar operaciones de simulación y otros esquemas presuntamente delictivos.
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FGR amplía investigación sobre “huachicol” ferroviario
Godoy explicó que Ingemar mantiene vínculos con al menos otras 11 empresas relacionadas con el aseguramiento, en julio de 2025, de más de 15 millones de litros de combustible procedentes de Estados Unidos.
El producto ingresó por la aduana de Matamoros, Tamaulipas, y posteriormente fue localizado en patios ferroviarios de Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.
Según la fiscal, el análisis de los documentos encontrados permitió identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior y posibles mecanismos utilizados por la estructura investigada. En el expediente están señaladas 25 personas, entre ellas Ruffo Appel, mientras que nueve ya fueron detenidas.
La funcionaria también señaló que la FGR no ha sido notificada sobre un cambio en la medida cautelar de Ruffo Appel. La defensa, sin embargo, promovió un juicio de amparo para solicitar una audiencia que permita al exmandatario continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.
Ernesto Ruffo Appel permanece en El Altiplano
Respecto de las condiciones de reclusión, Godoy afirmó que se garantizan los cuidados de salud y los derechos del exgobernador, después de que su hija, Verónica Ruffo, denunciara presuntas irregularidades en la atención médica y un trato indigno.
En paralelo, el juzgado segundo de distrito en materia penal de Toluca desechó dos demandas de amparo promovidas por la defensa, relacionadas con presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica.
Los nuevos documentos asegurados serán analizados como parte de las investigaciones que buscan determinar el alcance de las operaciones atribuidas a la red y establecer las responsabilidades correspondientes.
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