Colectivos exigen frenar veto a ley de identidad; Arturo Maximiliano acusa ruptura de acuerdos

Colectivos exigen frenar veto a ley de identidad; Arturo Maximiliano acusa ruptura de acuerdos

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Integrantes de diversos colectivos LGBT+ solicitaron al Congreso local evitar el veto a la ley de identidad de género, al considerar que su rechazo representaría un retroceso en materia de derechos humanos y reconocimiento jurídico para personas trans.

Los manifestantes entregaron un posicionamiento formal en la Mesa Directiva de la Legislatura estatal, donde expresaron preocupación por la posibilidad de que la iniciativa aprobada por mayoría no entre en vigor.

Frente al recinto legislativo, integrantes de organizaciones civiles pidieron una respuesta institucional “con perspectiva de género, diversidad, infancia, legalidad constitucional y no discriminación”.

Arturo Maximiliano cuestiona acuerdos sobre ley de identidad

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez afirmó que el posible veto representa una ruptura de acuerdos políticos previamente establecidos entre Morena y el Partido Acción Nacional.

Según explicó el legislador, existían compromisos relacionados con la aprobación de distintas iniciativas legislativas, entre ellas la ley de identidad.

“Lo más valioso que tiene este oficio es respetar la palabra, con firmas o sin firmas”, declaró.

El morenista sostuvo además que la reforma no contempla cambios de identidad para menores de edad, como se ha señalado en algunos posicionamientos públicos.

Colectivos piden garantizar derechos y certeza jurídica

Durante su pronunciamiento, los colectivos insistieron en que la legislación busca otorgar certeza jurídica a personas que desean modificar sus documentos oficiales conforme a su identidad de género.

Arturo Maximiliano añadió que temas relacionados con competencias deportivas o regulaciones específicas no forman parte del contenido aprobado por el Congreso local, ya que corresponden a organismos especializados.

La discusión sobre la ley de identidad continúa abierta en Querétaro, mientras organizaciones civiles y legisladores mantienen posturas encontradas respecto a la posible decisión del Ejecutivo estatal.

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