La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene conocimiento sobre un posible congelamiento de cuentas bancarias realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con grupos criminales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la UIF opera bajo criterios técnicos y solo actúa cuando identifica irregularidades financieras:
“No tenía conocimiento y no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre versiones difundidas en medios nacionales e internacionales.
La presidenta añadió que solicitará información oficial para esclarecer si existió alguna medida financiera contra Rocha Moya, sus familiares o el senador morenista Enrique Inzunza; según reportes periodísticos, las acciones estarían relacionadas con investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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UIF y combate financiero al crimen organizado
La mandataria reiteró que el gobierno federal mantiene como prioridad el combate a la delincuencia organizada mediante el seguimiento de recursos ilícitos, aunque rechazó que se actúe de manera arbitraria contra empresarios o actores políticos.
“No tiene nada que ver con congelarle irresponsablemente o ilegalmente la cuenta a alguien”, afirmó; también señaló que, en caso de errores administrativos, existen mecanismos para corregir cualquier afectación.
De acuerdo con cifras oficiales, la UIF ha incrementado en los últimos años las investigaciones relacionadas con operaciones financieras presuntamente vinculadas con actividades ilícitas, como parte de la estrategia federal contra el crimen organizado.
En otro tema, Sheinbaum reaccionó a la reciente difusión de una fotografía entre el director de la CIA, John Ratcliffe, y funcionarios del Ministerio del Interior de Cuba.
La presidenta indicó que espera que prevalezca el diálogo y el respeto a la soberanía de los países involucrados.
La postura del gobierno federal se mantiene centrada en exigir información verificable y apego a los procesos legales, en medio de las acusaciones que involucran a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos.
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