En el Congreso del estado de Querétaro fue presentada una iniciativa de Ley de Aguas impulsada por el diputado de Morena, Eric Silva, que busca garantizar el acceso universal al recurso hídrico y establecer límites en el costo del servicio para la población.
La propuesta contempla asegurar un suministro mínimo de 100 litros diarios por persona, además de fijar que las tarifas no superen el 3% del salario mínimo vigente.
La iniciativa fue elaborada en conjunto con 14 colectivos y retoma principios del Acuerdo de Escazú, enfocados en el acceso equitativo y la sostenibilidad ambiental.
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Ley de Aguas y Eric Silva plantean cambios estructurales en el servicio
Entre los puntos centrales, se incluye la prohibición del uso de aguas residuales para consumo humano, salvo aquellas que cuenten con certificación para servicios públicos.
Asimismo, se propone eliminar prácticas como el tandeo y los cortes de suministro, con el objetivo de garantizar continuidad en el servicio, especialmente en sectores vulnerables.
Se establece también que la concesión del servicio de agua potable a empresas privadas quedaría prohibida. En este sentido, la Comisión Estatal de Aguas sería facultada para revisar concesiones vigentes, a fin de detectar posibles irregularidades en el uso del recurso.
De acuerdo con declaraciones de Eric Silva, el enfoque de la Ley de Aguas busca evitar que el servicio sea operado bajo esquemas de negocio, priorizando su carácter público y social.
Gestión integral del agua y combate al desperdicio
La iniciativa incorpora medidas orientadas a la eficiencia hídrica, como la implementación de ecotecnias, sistemas de captación pluvial y separación de aguas residuales. Se ha señalado que cerca del 40% del agua se pierde por fugas, lo que refuerza la necesidad de modernizar la infraestructura.
Además, se propone la creación de una Dirección Técnica de Gestión Integral del Agua, encargada de la planeación y coordinación con laboratorios especializados; también se contemplan acciones para combatir el uso clandestino del recurso.
El proyecto será sometido a un proceso de parlamento abierto para su análisis. Se prevé que la discusión legislativa avance en un plazo de dos meses, lo que marcará el rumbo de la política hídrica en Querétaro.
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