El Gobierno federal presentó una nueva iniciativa de Reforma Electoral, denominada ‘Plan B’, tras el rechazo de su propuesta inicial en el Congreso; la medida, anunciada por la Secretaría de Gobernación, será enviada al Senado con el objetivo de modificar leyes secundarias y reducir costos en el sistema electoral mexicano.
De acuerdo con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, el ‘Plan B’ busca eliminar lo que calificó como privilegios en organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y tribunales electorales.
Entre los principales cambios se contempla establecer un tope salarial para consejeros y altos funcionarios, quienes no podrán percibir ingresos superiores al de la Presidencia de la República.
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Reforma Electoral y ‘Plan B’ plantean ajustes presupuestales
La Reforma Electoral propuesta incluye una reducción progresiva del gasto en el Senado, con una meta de hasta 15%, así como recortes en los presupuestos de congresos locales y organismos electorales estatales. Según el planteamiento oficial, los recursos que se liberen serán destinados a obras públicas en municipios y entidades federativas.
Asimismo, el ‘Plan B’ establece límites en la integración de ayuntamientos, fijando un rango de entre siete y 15 regidurías por municipio. También se prevé la eliminación de prestaciones adicionales como bonos y seguros de gastos médicos mayores para funcionarios electorales.
Dentro de las modificaciones legales se encuentran ajustes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y la transparencia en el uso de recursos.
Cambios en fiscalización y posible revocación de mandato
El ‘Plan B’ contempla que los partidos políticos reporten en tiempo real sus operaciones financieras, además de prohibir aportaciones en efectivo o provenientes del extranjero. Estas medidas buscan reforzar los mecanismos de control sobre el financiamiento político.
También se plantea la posibilidad de realizar un proceso de revocación de mandato en 2027 o 2028, lo que implicaría ajustes operativos relevantes dentro del sistema electoral. Estas disposiciones serían aplicadas si la Reforma Electoral es aprobada en sus términos.
La iniciativa será analizada en el Senado en las próximas semanas, en un contexto marcado por el debate sobre la autonomía de los órganos electorales y la eficiencia del gasto público, elementos centrales en la discusión del ‘Plan B’.
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