Leonor Mejía impulsa reforma para garantizar pensión alimentaria en el servicio público

Leonor Mejía impulsa reforma para garantizar pensión alimentaria en el servicio público

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La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Leonor Mejía Barraza, afirmó que el cumplimiento de la pensión alimentaria debe asumirse como una obligación ética inherente al servicio público, tras la aprobación en comisión de una reforma a la Ley de los Trabajadores del Estado en materia de obligaciones alimentarias.

Durante la sesión de la Comisión de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Leonor Mejía sostuvo que la pensión alimentaria no puede reducirse a un trámite judicial, sino que debe entenderse como un derecho fundamental vinculado a la dignidad y al bienestar de la niñez y de las personas dependientes.

Leonor Mejía: pensión alimentaria es un derecho fundamental

No es referirse únicamente a expedientes judiciales o trámites legales, es hablar de la dignidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes”, expresó Leonor Mejía. 

Añadió que este derecho implica garantizar alimentación, educación, salud y desarrollo integral, elementos considerados esenciales en los estándares de protección de derechos humanos.

La reforma fue aprobada en comisión yserá turnada para su análisis en el pleno legislativo.

Con ella, se busca reforzar la congruencia en el actuar de quienes desempeñan cargos públicos, bajo el principio de que las responsabilidades familiares deben ser atendidas antes de ejercer funciones de representación o administración.

Coherencia y responsabilidad en el servicio público

Leonor Mejía subrayó que el cargo público no constituye un privilegio, sino una responsabilidad ética frente a la sociedad. En ese sentido, indicó que el ejemplo de las y los servidores públicos resulta clave para fortalecer la confianza ciudadana.

La legisladora precisó que la modificación legal no contempla sanciones adicionales, sino que pretende consolidar mecanismos que aseguren el cumplimiento de la pensión alimentaria dentro del marco laboral estatal. 

Con esta propuesta, se busca que la protección del interés superior de la niñez sea colocada en el centro del debate legislativo y del ejercicio del servicio público.

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