El delito de trata de personas en Querétaro mantiene una presencia constante en los registros judiciales, aun cuando en el último año no se identificaron víctimas de manera oficial; datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, durante los últimos cinco años, se han abierto 17 carpetas de investigación por trata de personas en la entidad.
Las cifras muestran que Querétaro alcanzó su mayor número de investigaciones en 2022, con cinco casos, seguido de 2021 y 2023, con cuatro expedientes cada uno.
En 2020 se documentaron tres carpetas, mientras que en 2024 se registró un solo caso. En 2025, hasta el último corte, no se reportaron investigaciones iniciadas por trata de personas.
- Te podría interesar: Documentos desclasificados de los Archivos de Epstein apuntan a que López Obrador sabía de nexos al caso
Trata de personas en Querétaro
Aunque la incidencia ha disminuido, la trata de personas en Querétaro debe investigarse de oficio; La legislación estatal establece que el Ministerio Público está obligado a iniciar indagatorias cuando existan indicios del delito, aun sin una denuncia formal.
De esta manera, la persecución penal ha sido reforzada como una herramienta preventiva.
Fue establecido que las sanciones por trata de personas en Querétaro contemplan penas de prisión que van de siete a 38 años, dependiendo de los agravantes; estas disposiciones se encuentran previstas en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado.
Marco legal, investigación y atención a víctimas
El marco jurídico en Querétaro reconoce diversas modalidades de trata de personas, como la explotación sexual, los trabajos forzados, los matrimonios forzados y la utilización de menores para la mendicidad o actividades ilícitas.
Las penas pueden incrementarse cuando las víctimas son menores de edad o cuando el delito es cometido por servidores públicos.
Además de las sanciones penales, se contemplan medidas de protección integral para las víctimas de trata de personas en Querétaro, así como mecanismos de denuncia y atención especializados, lo que mantiene vigente la atención institucional frente a un delito considerado grave contra la libertad y la dignidad humana.
1 Comment