La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que podría ampliar la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los productos menstruales, una medida que, de aprobarse, tendría implicaciones relevantes en materia de justicia social y equidad tributaria.
El análisis se centra en si el beneficio fiscal debe extenderse más allá de toallas, tampones y copas, incorporando otros productos menstruales de uso cotidiano.
El caso será debatido, el próximo 8 de enero de 2026, en el Pleno luego de que se admitiera un amparo promovido por una empresa comercializadora, en el cual se cuestiona la exclusión de ciertos productos menstruales del estímulo fiscal vigente desde 2022.
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SCJN y productos menstruales: alcance fiscal y equidad
El proyecto, elaborado en la nueva integración de la SCJN, plantea que todos los productos menstruales cumplen una función biológica esencial y que su gravamen desigual podría reproducir brechas estructurales.
Se ha señalado que la aplicación diferenciada del IVA genera un costo adicional del 16 por ciento para ciertos productos menstruales, afectando de manera desproporcionada a personas en contextos de pobreza.
De acuerdo con datos del sector, el mercado de productos menstruales en México mueve miles de millones de pesos anuales, con una amplia cadena de producción y distribución.
Si el criterio fiscal fuera modificado por la SCJN, el impacto se reflejaría tanto en precios al consumidor como en políticas de salud pública; el beneficio fiscal sería aplicado de forma general, según se propone, para evitar tratamientos discriminatorios.
Implicaciones sociales del fallo de la SCJN
Organizaciones civiles han sostenido ante la SCJN que el acceso equitativo a productos menstruales forma parte del derecho a la salud; en este contexto, fue presentado un amicus curiae para respaldar la inconstitucionalidad del gravamen.
El proyecto sostiene que negar el estímulo fiscal a ciertos productos menstruales perpetúa desigualdades que ya han sido documentadas.
La resolución que adopte la SCJN podría sentar un precedente relevante en materia de justicia fiscal con enfoque social.
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