La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó a la Secretaría de Gobernación intervenir en el conflicto surgido entre inspectores municipales y un grupo de ambulantes, entre los que también participan diversas artesanas que comercializan sus productos en el Centro Histórico de Querétaro.
El incidente, ocurrido el pasado sábado, dejó cinco inspectores lesionados, según cifras oficiales, en un hecho que reavivó el debate sobre los límites y alcances de la regulación del comercio en la vía pública.
Durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum reiteró su postura a favor del ordenamiento del espacio público, aunque insistió en que este proceso debe realizarse sin vulnerar el derecho al trabajo de los vendedores y de las artesanas que dependen de esta actividad para su sustento.
- “Lo que hay que buscar es el diálogo, encontrar la manera en que las personas puedan desarrollar su trabajo y, al mismo tiempo, ordenar los espacios públicos. Nunca llegar a la represión”, afirmó.
La solicitud de la mandataria se produce en un contexto nacional en el que más de 2.3 millones de personas, entre ellas decenas de miles de artesanas, participan en el comercio informal, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Este sector ha sido históricamente relevante para la economía local y para la preservación de prácticas culturales y productivas tradicionales.
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Artesanas enfrentan retos de regulación
En Querétaro, el comercio ambulante ha experimentado un crecimiento constante en zonas turísticas, donde la presencia de artesanas que elaboran textiles, bordados y piezas tradicionales forma parte esencial de la oferta cultural; sin embargo, el aumento en la actividad también ha generado tensiones con las autoridades encargadas de supervisar la ocupación del espacio público.
Parte del operativo municipal ha sido cuestionado, especialmente después de que un inspector fuera suspendido por aparecer en videos agrediendo a una persona en el suelo, hecho que fue ampliamente difundido.
La intervención federal solicitada por Sheinbaum busca establecer mecanismos de conciliación que permitan equilibrar la actividad económica de los ambulantes y las artesanas con las políticas de ordenamiento local.
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