El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes 6 de noviembre un plan de auditorías y controles administrativos para atender los señalamientos de presunta corrupción registrados durante la gestión de Guadalupe Taddei, así como identificar posibles irregularidades en las contrataciones del organismo, en Ciudad de México.
Entre las principales medidas se encuentra solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria de todas las compras, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026; también se contempla contratar una auditoría externa privada y habilitar un buzón electrónico para recibir denuncias anónimas.
Las acciones buscan identificar las condiciones que permitieron las presuntas irregularidades y corregir deficiencias en los mecanismos de supervisión, incluidos aquellos relacionados con el acceso al padrón electoral y otros datos reservados o confidenciales.
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INE busca cerrar espacios a la discrecionalidad mediante auditorías
El plan contempla elaborar un inventario de contratos sujetos a revisión, preservar documentación y priorizar aquellos procedimientos que pudieran tener repercusiones en el proceso electoral en curso.
Durante la sesión del Consejo General, la consejera Carla Humphrey sostuvo que la prioridad institucional debe ser corregir las prácticas que facilitaron posibles conflictos de interés y favoritismos.
Entre sus propuestas destacó abrir las contrataciones a licitaciones, incluso internacionales, y limitar las adjudicaciones directas a situaciones excepcionales.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo calificó el episodio como una crisis sin precedentes para el organismo: “Sin duda alguna es la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución”.
Exigen esclarecer responsabilidades por presunta corrupción
Las representaciones partidistas y los consejeros coincidieron en que la renuncia de Guadalupe Taddei no resuelve por sí misma los señalamientos y demandaron investigar quién autorizó los pagos a proveedores presuntamente favorecidos.
La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, afirmó que “la autonomía del Instituto no es sinónimo de opacidad” y ofreció colaboración con las autoridades investigadoras para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones.
Mientras avanzan las medidas administrativas, fue cancelada una reunión con funcionarios federales de seguridad e inteligencia financiera, prevista para revisar la integridad de las candidaturas de las próximas elecciones.
Asimismo, Cruz informó que atenderá las demandas laborales de operadores de módulos ciudadanos, quienes advirtieron sobre un posible paro.
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