La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de César Duarte en la ciudad de Chihuahua por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, encabezada por Ernestina Godoy, la aprehensión se ejecutó en cumplimiento de una orden girada el 16 de mayo de 2024.
Esta nueva acción se enmarca en un proceso ampliado que ha sido autorizado por el Gobierno de Estados Unidos, lo que permitirá que el exgobernador enfrente cargos adicionales a los previamente establecidos.
- La FGR recordó que César Duarte fue arrestado inicialmente en julio de 2020 en Miami y extraditado en 2022 para responder por peculado y asociación delictuosa.
En esta fase del caso, se investiga su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que habría operado mediante el sistema financiero mexicano para ocultar recursos desviados del erario estatal.
- Se indicó que parte de la documentación revisada fue presentada ante autoridades estadounidenses para obtener la ampliación del procesamiento legal.
Una actualización relevante del proceso se produjo en diciembre de 2025, cuando la FGR recibió la autorización formal de Estados Unidos para procesar a César Duarte por delitos distintos a los que motivaron su extradición inicial.
Esta autorización había sido tramitada desde octubre de 2024, lo que indica, según la fiscalía, una coordinación bilateral sostenida para avanzar en el caso.
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Caso César Duarte
El caso de César Duarte ha tenido un impacto considerable en el entorno político y judicial del país. En junio pasado, una Corte de El Paso exoneró al exgobernador en el juicio civil que promovieron su sucesor, Javier Corral, y el Gobierno de Chihuahua.
La sentencia, emitida por el juez Rubén Morales, concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar la adquisición irregular de 50 propiedades en Estados Unidos, valoradas en 25 millones de dólares.
- La decisión fue interpretada por el exfuncionario como un reconocimiento a su postura de que había sido objeto de una persecución política.
En ese contexto, César Duarte afirmó que el proceso “tendrá consecuencias legales en México y en Estados Unidos”, mientras que Javier Corral rechazó que las denuncias respondieran a motivaciones personales.
La FGR, por su parte, sostuvo que la investigación continúa bajo criterios estrictamente jurídicos y con base en las atribuciones que la ley establece.
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