Fiscalías abrieron más de 2 millones de carpetas de investigación en 2025

Fiscalías abrieron más de 2 millones de carpetas de investigación en 2025

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Las fiscalías de México iniciaron 2 millones 64 mil 775 carpetas de investigación durante 2025, cifra que representó una disminución de 3.5 por ciento respecto al año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, del total de expedientes abiertos, 2 millones 33 mil 714 correspondieron a asuntos penales de personas adultas y 31 mil 61 a casos relacionados con justicia para adolescentes.

La Fiscalía General de la República concentró 4.1 por ciento de los expedientes, mientras que 95.9 por ciento fueron iniciados por las fiscalías estatales. En conjunto, dentro de las carpetas se registraron 2 millones 102 mil 812 delitos, 4.5 por ciento menos que en 2024.

Fiscalías estatales concentraron la mayoría de carpetas de investigación

El Estado de México encabezó el número de expedientes iniciados, con 350 mil 224, seguido por la Ciudad de México, con 210 mil 384, y Guanajuato, con 161 mil 902. Los datos forman parte de la medición anual sobre procuración de justicia realizada por el Inegi.

En contraste con la reducción en los nuevos procedimientos, el volumen de asuntos pendientes de conclusión continuó siendo elevado. 

Al cierre de 2025 se contabilizaron 2 millones 916 mil 624 expedientes sin concluir.

Carpetas de investigación pendientes reflejan rezago institucional

Guanajuato concentró el mayor número de expedientes pendientes, con 416 mil 617, seguido por la Ciudad de México, con 347 mil 530, y Jalisco, con 347 mil 525.

El Inegi explicó que el censo permite conocer aspectos relacionados con la estructura, recursos y desempeño de las instituciones encargadas de procurar justicia, además de los servicios periciales, mecanismos alternativos de solución de controversias y atención a adolescentes.

La información busca aportar elementos para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de procuración de justicia.

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