A doce años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, autoridades federales presentaron nuevas líneas de investigación que apuntan a posibles vínculos entre servidores públicos, policías y el grupo criminal Guerreros Unidos.
El informe incorpora el análisis de comunicaciones telefónicas, la revisión de dispositivos de los estudiantes, la verificación de expedientes y la posible destrucción de grabaciones del Palacio de Justicia de Guerrero.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán explicaron que el reanálisis de registros de llamadas de 2014 y 2015 permitió identificar a 17 personas que no habían sido consideradas previamente como objetivos de investigación.
Según las autoridades, los datos ayudaron a reconstruir contactos entre integrantes del grupo criminal, policías municipales y estatales, funcionarios y personas relacionadas con servicios funerarios.
- Te podría interesar: CNDH niega falta de atención a familias del Caso Ayotzinapa
Caso Ayotzinapa: funeraria y Semefo, bajo investigación por los 43 normalistas
Una de las líneas se concentra en la funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense de Iguala, instalaciones que, de acuerdo con la investigación, habrían estado bajo el control de personas vinculadas con Guerreros Unidos.
En cateos realizados en 2025 fueron localizados un fémur humano, un horno crematorio sin registro oficial, restos óseos y documentos con sellos y firmas, pero sin información completada.
Entre marzo y junio de 2026, nuevas diligencias permitieron recuperar 23 indicios, incluidos fragmentos óseos, prótesis dentales y restos biológicos, que fueron enviados a análisis.
Uno de los restos hallados en el patio del Semefo fue identificado genéticamente y coincidió con un fragmento localizado previamente en Taxco; las autoridades precisaron que no correspondía a ninguno de los estudiantes desaparecidos.
Teléfonos de estudiantes y documentos militares
La revisión también identificó que celulares de algunos normalistas fueron utilizados después del ataque. Entre ellos figura el dispositivo de Julio César Mondragón, cuyo uso posterior es investigado por su posible relación con personal de la funeraria.
Sobre los 853 folios que las familias han solicitado al Ejército, Medina afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó no contar con información adicional tras revisar sus archivos.
El funcionario indicó que 17 militares permanecen detenidos y bajo proceso, con responsabilidades individuales.
Las autoridades señalaron que los indicios continúan en revisión y que las hipótesis deberán sostenerse con pruebas. Así, el destino de los 43 normalistas permanece sin esclarecer, mientras las nuevas diligencias buscan establecer responsabilidades y orientar futuras acciones de búsqueda.
Leave a Comment