La Fiscalía de Querétaro mantiene operativos y patrullajes focalizados en la Sierra Gorda, principalmente en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles, informó el fiscal general Víctor de Jesús Hernández.
El funcionario explicó que existe coordinación permanente con las corporaciones policiales municipales para atender los hechos delictivos registrados en la región y dar seguimiento a las investigaciones abiertas.
Respecto de la persecución registrada recientemente, Hernández señaló que hasta el momento no puede confirmar la detención de alguna persona relacionada directamente con ese hecho.
“En este momento todavía no les puedo compartir un dato específico de una persona detenida en relación a la persecución”, declaró.
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Fiscalía de Querétaro mantiene coordinación en la Sierra Gorda
El fiscal indicó que en otros casos registrados en la zona ya existen personas detenidas, vinculadas a proceso y bajo prisión preventiva justificada; sin embargo, precisó que los detalles de esos expedientes han sido difundidos previamente mediante los canales oficiales de la institución.
Asimismo, señaló que el caso de la persecución continúa en una etapa de definición jurídica y pidió esperar a que concluya el plazo legal correspondiente antes de proporcionar información adicional.
La comunicación con el personal desplegado en la región se mantiene de manera permanente. Hernández descartó que sea necesario trasladar físicamente de manera constante a los responsables de las investigaciones para dar seguimiento a las carpetas.
Investigación por presunto fraude inmobiliario
Por otra parte, el fiscal fue cuestionado sobre un presunto fraude relacionado con la venta de alrededor de 150 viviendas en la Sierra Gorda. Al respecto, indicó que primero deberán revisarse de manera particular las denuncias y el estado que guardan las investigaciones.
La Fiscalía informó que los datos oficiales serán proporcionados conforme avance la revisión de cada caso.
De esta manera, los operativos en la región continúan mientras las autoridades determinan la situación jurídica de los hechos pendientes de esclarecimiento.
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