La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple este martes un año con su nueva integración, periodo en el que celebró 163 sesiones públicas y resolvió más de 2 mil 600 asuntos, de acuerdo con el balance presentado por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La nueva etapa del máximo tribunal ha estado marcada por decisiones relacionadas con derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, litigios fiscales de alto monto y reformas impulsadas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, aunque también se han emitido resoluciones contrarias a intereses gubernamentales.
Entre los expedientes desahogados destacan los relacionados con empresas de Ricardo Salinas Pliego, a las que fueron confirmados créditos fiscales por más de 48 mil 326 millones de pesos. También se establecieron criterios sobre lavado de dinero, abuso sexual infantil, violencia vicaria y acceso al agua.
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SCJN reduce rezago y amplía criterios de derechos
Aguilar Ortiz señaló que la Corte recibió más de mil 400 asuntos pendientes, algunos con hasta seis años de antigüedad. A principios de agosto, según explicó, el rezago se había reducido a 56 expedientes.
“Esto de volver a cerrar las puertas de la Corte, cerrar los cubículos de los ministros y pensar que sin diálogo va a ser iluminado el ministro para encontrar las mejores soluciones, se acabó”, afirmó.
En materia de derechos colectivos, se reconoció a comunidades indígenas y afromexicanas como terceros interesados en controversias constitucionales que puedan afectar sus derechos. Desde septiembre fueron resueltos 56 asuntos relacionados con estos grupos, principalmente sobre consulta, materia agraria y medio ambiente.
Asimismo, se validó la extinción de 109 fondos y fideicomisos federales y se avalaron criterios que permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas ante indicios suficientes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La Corte también emitió resoluciones sobre acceso al agua, protección de menores víctimas de abuso sexual y compensaciones para ejidatarios afectados por obras y decretos federales.
Entre los pendientes permanece la prisión preventiva oficiosa, asunto que Aguilar Ortiz confió en resolver durante este año.
Con ello, el primer aniversario de la nueva integración deja un balance centrado tanto en el abatimiento del rezago como en la redefinición de criterios judiciales derivados de la transformación institucional.
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