La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro reafirmó su postura a favor del reconocimiento jurídico de la identidad de género y señaló que la discusión sobre la ley de identidad debe mantenerse dentro de los cauces institucionales y conforme a estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En un pronunciamiento emitido este martes, el organismo sostuvo que el reconocimiento legal de la identidad de género no constituye una concesión discrecional del Estado, sino una obligación derivada del marco constitucional y convencional vigente en México.
“La identidad de género es una condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos”, indicó la institución al referirse al debate abierto tras las observaciones anunciadas por el Poder Ejecutivo estatal.
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Defensoría de los Derechos Humanos defiende sustento jurídico
El organismo recordó que el control de convencionalidad, incorporado al sistema jurídico mexicano desde la reforma constitucional de 2011, obliga a todas las autoridades a interpretar las normas conforme a tratados internacionales de derechos humanos.
Asimismo, precisó que durante el proceso legislativo brindó acompañamiento técnico y jurídico permanente para la construcción de la iniciativa relacionada con la ley de identidad, aportando argumentos constitucionales y criterios derivados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con datos de organizaciones civiles, más de veinte entidades federativas ya cuentan con mecanismos administrativos para el reconocimiento de identidad de género.
Debate continuará en el ámbito institucional
La Defensoría señaló que respeta la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para formular observaciones a las reformas aprobadas por la Legislatura local, aunque puntualizó que analizará el contenido específico una vez que sea presentado formalmente.
“Las instituciones funcionan cuando cada poder ejerce sus facultades conforme a derecho”, expresó el organismo en su posicionamiento.
Finalmente, la institución reiteró que continuará acompañando el proceso legislativo y determinará las acciones correspondientes dentro de sus competencias, manteniendo como eje central el respeto irrestricto a los derechos humanos.
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