La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una propuesta de reforma política que busca ampliar el alcance de la revocación de mandato, con la posibilidad de que este mecanismo se realice en 2027 o 2028; la iniciativa forma parte del denominado Plan B y pretende fortalecer la participación ciudadana en la evaluación de los gobiernos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la revocación de mandato podría activarse en el tercer o cuarto año de gestión, siempre que exista una solicitud respaldada por firmas ciudadanas y validada por el Instituto Nacional Electoral.
Se precisó que este proceso no dependerá del Ejecutivo ni de los partidos políticos, sino de la voluntad de la ciudadanía.
La propuesta también contempla que el ejercicio pueda coincidir con elecciones intermedias o realizarse en un periodo distinto, con el objetivo de facilitar la participación; según lo planteado, estos ajustes buscan consolidar mecanismos de democracia directa en el país.
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Reforma de Claudia Sheinbaum incluye austeridad y debate legislativo
Además de la revocación de mandato, la iniciativa de Claudia Sheinbaum incorpora medidas orientadas a la reducción de privilegios en el servicio público. Entre ellas, se propone limitar percepciones salariales y revisar esquemas de compensación en distintos niveles de gobierno.
Se señaló que el principio constitucional de que ningún funcionario gane más que la presidenta será reforzado, particularmente en organismos autónomos; también se planteó la reducción de estructuras administrativas y gastos en cabildos y congresos locales, donde se han identificado prácticas que incrementan el gasto público.
De acuerdo con estimaciones del Ejecutivo, estas medidas podrían generar ahorros cercanos a los 4 mil millones de pesos, recursos que serían destinados a infraestructura y servicios públicos.
La iniciativa ya fue turnada al Senado, donde será analizada en comisiones antes de su eventual discusión en el Pleno.
En este contexto, Claudia Sheinbaum sostuvo que el avance de la reforma dependerá del consenso legislativo, en un escenario donde la revocación de mandato y la política de austeridad continúan en el centro del debate nacional.
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