Talleres Gráficos de México (TGM) se convertirá en el principal productor de documentación y materiales electorales del país, tras la publicación de un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), prevista para este miércoles 18 de noviembre de 2026.
La medida busca modificar el esquema de contratación que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, había concentrado contratos electorales en un grupo de empresas privadas.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el organismo descentralizado será fortalecido mediante nuevas disposiciones de transparencia, vigilancia y modernización, con el objetivo de atender los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Rodríguez aseguró que la determinación “no viola la autonomía del INE”, al tiempo que anunció el nombramiento de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva titular de TGM.
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Talleres Gráficos de México tendrá nuevas reglas de contratación
Entre los principales cambios se contempla hacer público el padrón de contratistas, abrir las compras al escrutinio público y establecer evaluaciones obligatorias sobre la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera de los proveedores.
También quedará prohibida la contratación de empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio; las tarifas deberán ser autorizadas por la Junta de Gobierno y homologadas para el INE y los organismos electorales estatales.
La estructura directiva también cambiará: la Junta de Gobierno pasará de cinco a siete integrantes e incorporará especialistas del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey.
INE conservará especificaciones y control de calidad electoral
El fortalecimiento de TGM se desarrollará en dos etapas. La primera, de noviembre de 2026 a junio de 2027, estará enfocada en transparencia y vigilancia; la segunda, de julio de 2027 a 2030, contempla ampliar la capacidad productiva y modernizar instalaciones y equipamiento.
El proyecto incluye impulsar una Ley de la Imprenta Nacional de México, reformar la legislación electoral para que los materiales sean producidos por entes públicos y establecer un catálogo único de adquisiciones.
Asimismo, se plantea crear un almacén nacional para rehabilitar y reutilizar materiales electorales, mientras que las especificaciones técnicas y el control de calidad permanecerán bajo responsabilidad del INE.



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