El Órgano de Administración Judicial (OAJ) determinó eliminar cualquier posibilidad de sanciones y despidos derivados de las evaluaciones de desempeño del personal de carrera judicial, luego de alcanzar acuerdos con representantes sindicales y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
La decisión fue formalizada mediante la abrogación del acuerdo que regulaba este proceso de evaluación, publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) este martes 10 de noviembre. La disposición entrará en vigor a partir del miércoles 11.
El ajuste responde a los compromisos establecidos durante una reunión celebrada el sábado 7 de noviembre, en la que participaron dirigentes de tres organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
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Poder Judicial modifica evaluación y elimina sanciones y despidos
Entre los cambios acordados se estableció que las evaluaciones tendrán como único propósito fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, sin consecuencias disciplinarias ni separación del cargo.
También fueron eliminadas las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales y se acordó modificar los porcentajes de los criterios que pudieran generar valoraciones subjetivas.
El OAJ informó que las modificaciones fueron realizadas durante una sesión extraordinaria celebrada el lunes, en cumplimiento de los compromisos asumidos con las representaciones sindicales.
Cierre de juzgados mantiene preocupación por acceso a la justicia
Pese a los acuerdos, el organismo señaló que permanecían cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales, situación que, según advirtió, afecta el derecho de acceso a la justicia de la población.
El OAJ indicó que las dirigencias sindicales habían comprometido el retorno a las actividades ordinarias en todos los órganos jurisdiccionales, por lo que reiteró la importancia de garantizar la continuidad de los servicios.
Con la abrogación del acuerdo anterior, el Pleno del organismo señaló que busca cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita, además de mantener la atención a la ciudadanía.
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