El coordinador de la Cuarta Transformación en Querétaro participó del foro de Cooperativismo y Economía Social en la Legislatura del estado
En el marco del Foro “Cooperativismo y Economía Social: Encuentro de diálogo, participación y Fortalecimiento de la Economía Social”, Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Transformación y Defensa de los Comités, hizo un llamado a consolidar una estrategia integral de coinversión entre los niveles federal y estatal para potenciar a las sociedades cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), sectores que generan aproximadamente el 80 por ciento, de la actividad económica en México.
Durante el evento, Nieto Castillo enfatizó que el impulso a la economía social responde al mandato del Artículo 25 constitucional, el cual responsabiliza al estado de fomentar las formas de organización social para el desarrollo productivo.
Señaló que el principal reto en entidades donde la Cuarta Transformación se ubica en la oposición -como es el caso de Querétaro- radica en articular esquemas de coinversión que garanticen financiamiento para capital de trabajo, canales de venta directa, educación financiera y adopción de tecnologías de la información.
Como parte de la agenda regional, se presentó un proyecto de apoyo económico para cooperativas y MIPYMES proyectado para 2025 basados en modelos de desarrollo de Estados Unidos y Europa.
La propuesta incluye la constitución ágil de empresas y una alianza estratégica con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), para ofrecer procesos de incubación, mentoría e integración a redes federales, priorizando la atención a mujeres, jóvenes y comunidades rurales e indígenas para revertir el rezago histórico de los gobiernos locales.
Ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el coordinador estatal destacó la urgencia de fortalecer la economía local mediante la sustitución de importaciones y la preferencia de proveeduría regional. Planteó dar prioridad a las cooperativas y empresarios locales en las contrataciones de obras públicas e inversiones, respaldados por la certificación “Hecho en México”, el registro de marcas y las indicaciones geográficas.
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