Después de cuatro años de espera, la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado de Querétaro avanzó hacia el Pleno legislativo, luego de ser aprobada por unanimidad en comisiones unidas del Congreso local este viernes.
La propuesta plantea cambios en la jerarquía de movilidad, límites de velocidad, protección a víctimas de hechos de tránsito y condiciones para nuevos desarrollos urbanos.
El dictamen también contempla modificaciones al Código Penal estatal en materia de delitos contra personas usuarias de la vía pública, ciclistas y peatones, además de una adición a la Ley de Educación; entre sus ejes incorpora accesibilidad universal, perspectiva de género y reconocimiento de la movilidad del cuidado.
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Ley de Movilidad y Seguridad Vial prioriza a peatones y ciclistas
El diputado Mauricio Cárdenas Palacios explicó que la normativa establece una jerarquía que coloca primero a peatones, después a ciclistas, transporte público y, finalmente, automóviles particulares.
También fija velocidades máximas de 20 kilómetros por hora frente a escuelas y hospitales, 30 en calles secundarias y 50 en avenidas primarias.
A ello se suma un sistema de licencias por puntos, el reconocimiento de los derechos de las víctimas de hechos de tránsito y la obligación de presentar estudios de impacto en movilidad para nuevos desarrollos.
“Primero el peatón, luego el ciclista, después el transporte público y al final el automóvil particular”, explicó el legislador.
La propuesta contempla además que, a partir de 2028, se establezca transporte gratuito para niñas, niños y adolescentes en las localidades que determine la propia ley.
Congreso local deberá avanzar hacia la implementación
La aprobación en comisiones fue recibida favorablemente por colectivos de movilidad, aunque señalaron que el siguiente desafío será garantizar recursos presupuestales para ejecutar las disposiciones.
Entre los aspectos pendientes también identificaron la adecuación de los reglamentos de movilidad en la zona metropolitana y el fortalecimiento de la participación ciudadana mediante consejos consultivos.
El avance legislativo abre paso a la discusión en el Pleno, mientras que la aplicación de las nuevas reglas dependerá de las condiciones presupuestales y de los ajustes administrativos necesarios.
La iniciativa busca establecer criterios comunes para una movilidad que considere las necesidades de quienes transitan por el espacio público.
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