El Gobierno de México reforzará la vigilancia sobre la comercialización de combustibles para combatir el huachicol, luego de identificar inconsistencias por 8 mil 824 millones de litros durante 2025.
La estrategia, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el miércoles 21 de octubre, contempla revisar toda la cadena de suministro y evaluar cambios legales para limitar las operaciones de intermediarios.
De acuerdo con las autoridades, el desbalance detectado representa aproximadamente 61 mil 700 millones de pesos.
En ese mismo periodo, se estima que dejaron de pagarse alrededor de 61 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) relacionado con los combustibles. Entre enero y septiembre de 2026, en cambio, se recuperaron 48 mil 411 millones de pesos por ese gravamen.
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Huachicol: comercializadores concentran las principales inconsistencias
La secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que el 72% de las irregularidades identificadas se concentró en la comercialización, mientras que el 13% correspondió a las estaciones de servicio.
Las diferencias entre los volúmenes comprados, vendidos y facturados permiten detectar operaciones en las que el origen de los hidrocarburos no está debidamente declarado.
Ante estos resultados, Sheinbaum señaló que las investigaciones se profundizarán sobre los comercializadores, quienes pueden comprar y vender combustible sin disponer necesariamente de infraestructura propia de almacenamiento o transporte.
También se analizan modificaciones legales para reducir su participación y facilitar que los importadores vendan directamente a transportistas u otros integrantes de la cadena.
Monitoreo y sanciones para cerrar espacios al comercio ilegal
La estrategia incorpora una plataforma que cruza información fiscal, aduanera, regulatoria y operativa de 16 dependencias federales, además de utilizar GPS para rastrear unidades de transporte. México también intercambia información aduanera con autoridades estadounidenses para contrastar los volúmenes de combustible exportados e importados.
Las medidas ya derivaron en la cancelación de 264 permisos de expendio y comercialización, mientras otros 307 permanecen bajo procedimientos de sanción o revocación.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló, además, el registro de 2 mil 224 empresas que vendían combustibles sin los permisos correspondientes.
En el ámbito penal, Pemex presentó 10 mil 674 denuncias por robo de combustible, mientras distintas autoridades reportaron procedimientos por contrabando, defraudación fiscal e inconsistencias volumétricas.
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